El acuerdo firmado por todas las partes hará posible que todos los pisos de la Generalitat, los cedidos por los bancos y los que procedan de bolsas municipales o formen parte de las redes de mediación e inclusión sean gestionado por una misma entidad, la Agencia de la Vivienda de Cataluña, que depende del departamento de Territorio y Sostenibilidad.
El fondo de viviendas arranca con un total de 24.905 pisos, aunque se prevé que antes de acabar este año este número se eleve hasta los 40.000 pisos, una vez se incorporen los que gestionan los municipios.
Las viviendas se destinarán a alquiler en condiciones que garanticen que los puedan ocupar familias en situación de vulnerabilidad, según ha subrayado hoy el conseller de Territorio, Santi Vila, que ha presidido la firma del acuerdo.
Al estar unificada la gestión de todos los pisos, los requisitos que se establecerán para acceder a ellos serán también los mismos, algo que no ocurría hasta ahora.
Entre otras condiciones, el precio del alquiler de las viviendas sociales deberá ser inferior, como mínimo, en un 20 % a la media del mercado en la zona, y los contratos de alquiler tendrán una duración media de cinco años.
Además, los adjudicatarios podrán acceder a un ayuda pública para garantizar que el precio que tengan que pagar no supere la horquilla de entre el 15 % y el 30 % de sus ingresos totales.
De los casi 25.000 pisos que gestionará ahora la Agencia de Vivienda, más de 1.200 proceden de cesiones por parte de entidades financieras, y que estaban vacíos, después de que se anunciara un futuro impuesto que gravará la tenencia de viviendas sin ocupar.
Vila ha anunciado además que el departamento de Territorio adquirirá "de manera inmediata" 40 viviendas que proceden del derecho de tanteo y retracto que tiene la Generalitat sobre pisos procedentes de ejecuciones hipotecarias y que forman parte de operaciones de comercialización internacional llevadas a cabo por entidades financieras.
Con todas estas medidas, incluida la inversión en compra de vivienda de los recursos que procedan del impuesto de pisos vacíos, la Generalitat pretende aumentar un 10 % el parque público de vivienda entre 2015 y 2016.
Tras la constitución del fondo, la Mesa de entidades el Tercer Sector Social de Cataluña, que agrupa a cerca de 4.000 entidades sociales, ha expresado su satisfacción por el compromiso adoptado hoy y ha asegurado que se trata sólo "de un primer paso" para conseguir un parque de alquiler social "a la altura de las necesidades de la población catalana".
A juicio de esta entidad, Cataluña necesita multiplicar por cinco su parque actual de alquiler social, público y privado, y que ahora representa sólo el 2 % del parque total para llegar hasta las 290.000 viviendas.
Según sus cálculos, en Cataluña existen 450.000 viviendas vacías (100.000 en manos de les entidades financieras, 80.000 de nueva construcción y 270.000 de particulares).
El sindicato CCOO ha celebrado también la constitución del fondo de viviendas, aunque ha reclamado "el alquiler forzoso" de las viviendas vacías procedentes de las entidades financieras, sobre todo de aquellas que han recibido ayudas públicas.
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