La banca avisa: la reforma sobre desahucios encarecerá las hipotecas

El gobierno cambiara la ley para que sea mas fácil frenar un desahucio
La justicia europea pone en jaque al mercado hipotecario español

El Ejecutivo prepara una reforma normativa exprés para dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que considera que el procedimiento español para ejecuciones hipotecarias viola la norma comunitaria. Con los cambios legales, será más fácil para frenar un desahucio. La banca cree que con esta medida las garantías hipotecarias perderán valor y se encarecerán así las hipotecas.

Los deudores hipotecarios que vean desestimada su oposición a la ejecución de sus hipotecas podrán recurrir ante el juez, como ahora pueden hacer las entidades cuando no se les daba la razón, de modo que se dé cumplimiento al fallo delTribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que declaró la actual regulación en esta materia contraria a la normativa comunitaria, explicó ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos, en el Congreso. El TJUE sentenció la pasada semana que la legislación Antidesahucios de España viola la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos, ya que mientras la banca sí puede recurrir en segunda instancia si el juzgado da la razón al deudor y suspende la ejecución por existir cláusulas abusivas, los consumidores no podían proceder del mismo modo cuando se falla a favor del banco.

Guindos avanzó que previsiblemente en el Consejo de Ministros del 29 de agosto se aprobará un decreto ley para modificar la Ley Concursal que incluirá el “ajuste procesal técnico” necesario para dar cumplimiento al fallo europeo. “Los deudores podrán recurrir el auto del juez que hubiera desestimado su oposición a la ejecución hipotecaria. Con eso se dará pleno cumplimiento a la sentencia del tribunal de Luxemburgo”, insistió el ministro, recordando que más de 19.500 familias se han beneficiado de las medidas de protección de los afectados por las hipotecas puestas en marcha por el Ejecutivo.

Fuentes bancarias aseguran que uno de los inconvenientes de esta medida es que la nueva operativa con la que se consigue frenar los desahucios se asemeja a un proceso ordinario, lo que lleva consigo el retraso en la búsqueda de una solución. Alargar el proceso provoca un deterioro del valor de las garantías hipotecarias con las que se avala el crédito. Y reconocen que al final será el cliente que contrate un crédito para la compra de una vivienda el que asumirá estos costes, ya que las entidades financieras encarecerán el precio de sus hipotecas. Un portavoz de la AEB declaró que desde “que se publicó el fallo del Tribunal de Justicia europeo, cabía esperar que el Gobierno adoptara las medidas necesarias para acometer el ajuste procesal técnico” para dar cumplimiento al fallo europeo.

Durante su intervención, Guindos insistió en que hay que seguir con las reformas”, y resumió las “principales” leyes que se aprobarán en el próximo periodo de sesiones. Yafirmó que este real decreto que modificará la Ley Concursal, al margen de incorporar los cambios necesarios para cumplir con el fallo del TJUE, completará el proyecto de reestructuración y de financiación de la deuda empresarial y extenderá a la fase concursal el nuevo régimen de mayorías introducidos en la fase preconcursal. Así, las nuevas mayorías necesarias para hacerse con una empresa se aplicarán no sólo a la fase preconcursal, sino también a la concursal, con el objetivo de “mejorar la viabilidad de las entidades solventes”. Además, se “facilitarán” las adjudicaciones de empresas en su conjunto y de unidades productivas libres de carga.

Se obligará a los bancos, asimismo, a preavisar a las pymes antes de reducir su financiación, se mejorará la regulación de las titulizaciones para permitir “movilizar carteras de crédito” para pymes, y se perfeccionará el régimen de emisiones, potenciando la transparencia y los sistemas de control y calidad de la información financiera.

Guindos aseguró que el Gobierno continuará trabajando para mejorar el acceso de las pymes, a la financiación alternativa, de modo que reduzcan su dependencia de la banca. Para ello, se aprobará una Ley de Fomento de la financiación empresarial, en la que se regulará “por primera vez” el crowdfunding, de modo que los minoristas puedan invertir de forma segura en proyectos empresariales y que los inversores profesionales dispongan de un canal “mucho más flexible y desregulado”.

Otras claves
Recuperación de ayudas: Según los cálculos de Economía, el Estado ha recuperado hasta ahora unos 5.000 millones, de los 39.000 millones que inyectó en las cajas y Banco de Valencia. dijo que el FROB tiene aún participaciones en entidades por 16.000 millones.

Privatización de Bankia: Aseguró que espera que a través de la privatización de Bankia que, a diferencia de lo que ocurre con Catalunya Banc y Novagalicia, no tiene límite temporal tan explícito “podamos, de algún modo, recuperar la inmensa mayoría de los 39.000 millones que inyectó en ayudas este Gobierno, mucho más allá de lo que son los beneficios absolutamente claros que ha tenido la reestructuración” del sector.

via@cincodias

La Iglesia está exenta de pagar IBI en la mayoría de sus bienes inmuebles

Un reciente sentencia del Tribunal Supremo confirma que la Iglesia está exenta del IBI.

La Justicia española acaba de zanjar las dudas existentes sobre un polémico asunto: ¿Hasta dónde llega o cuál es el alcance de la exención de los bienes inmuebles de la Iglesia Católica respecto del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)?

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 4 de abril de 2014, aboga por la exención total del pago del IBI por todos sus inmuebles, salvo los afectos a explotaciones económicas, y no únicamente a aquellos destinados a actividades de culto.

El Alto Tribunal, que resuelve un recurso de casación en interés de la ley, da así carpetazo a las idas y venidas de los tribunales contencioso-administrativos, poniendo algo de orden en el régimen tributario de la Iglesia respecto de este impuesto.

Reconoce el fallo, del que ha sido ponente el magistrado Frías Ponce, que, efectivamente, se trata de una cuestión de interés general "siendo evidente que la titularidad de bienes inmuebles de la iglesia Católica en España alcanza un volumen muy extenso". Lo cierto es que se calcula que la Iglesia católica tiene unos 100.000 inmuebles en España y que, por tanto, tendría que pagar si se le cobrase el IBI unos cinco millones de euros.

Una maraña normativa
Se trata de interpretar el artículo 15.1 de la Ley 49/2002, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. En concreto, establece que "estarán exentos del IBI los bienes de los que sean titulares, en los términos previstos en la normativa reguladora de las Haciendas locales, las entidades sin fines lucrativos, excepto los afectos a explotaciones económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades".

Y de ahí, por tanto, de dilucidar si existe una exención generalizada para el pago del IBI a favor de todos los inmuebles de la Iglesia con la única excepción que menciona, esto es, los inmuebles afectos a explotaciones económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades, o si, por el contrario, hay que entender que la referencia a "los términos previstos en la normativa reguladora de las Haciendas locales" constituye una remisión integral al Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Y es que, para rizar más el rizo, este último texto, en particular, su artículo 62, enumera las clases de inmuebles exentos del tributo, y en cuyo apartado c) incluye "los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 1979".

Una maraña normativa que, precisamente, ha hecho que exista, como el propio Supremo reconoce, doctrina contradictoria en la materia. Y es que, el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede, en sus artículos IV y V, enumera una serie de exenciones, como los templos y capillas destinados al culto; la residencia de los obispos y sacerdotes, o los seminarios destinados a la formación del clero entre otros. De ahí la duda de si son únicamente los inmuebles destinados a culto los que deben beneficiarse de la exención.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Orense, cuya sentencia acoge ahora el Supremo, además de reconocer la exención a nueve fincas de la diócesis de Orense, al situarse en ellas templos parroquiales y casas rectorales destinadas al culto, también aceptó la pretensión de exención general del IBI respecto de las restantes fincas de la Iglesia no vinculadas a explotaciones económicas sometidas al Impuesto de Sociedades. Una última decisión que basó en lo dispuesto en el artículo 15.1 de la Ley 49/2002. Y ello sin que la exención del IBI atribuida a la iglesia en la Ley de Haciendas Locales "tenga carácter excluyente".

Ahora el Tribunal Supremo entiende que esta es la interpretación correcta, ya que "la remisión legal que efectúa el citado artículo 15.1 no se refiere a la enumeración legal de los supuestos de exención, sino únicamente a la definición del concepto de titularidad, pues declara exentos del IBI todos los bienes de los que sean titulares entidades sin fines lucrativos, a excepción de los afectos a explotaciones económicas".

Doctrina constitucional
De este modo, respeta lo apreciado por el Tribunal Constitucional que, ya en diciembre de 2013, liberó a la Iglesia católica del pago del IBI en todos sus inmuebles en una sentencia en la que consideró contraria a la Constitución la Ley navarra que restringió esa exención a los lugares de culto, de modo que la Iglesia sí debía pagar el IBI a los ayuntamientos por el resto de sus propiedades.
VIA@economista