El Gobierno justifica la subida de la parte fija del recibo de la luz, la que se paga independientemente del consumo, en su voluntad de favorecer a las familias con hijos en detrimento de las viviendas vacías y las segundas residencias. Tras la última subida, que publicó el Boletín Oficial del Estado el 1 de febrero, la parte fija de la factura, la que se paga en función de la potencia contratada, ha pasado en un año de representar el 35% de la parte regulada del recibo a suponer el 60%. Consecuentemente, la parte variable, la que se abona en función del consumo de luz, ha pasado del 65% al 40% en ese mismo periodo.
El Ministerio de Industria indica que esta reponderación no supondrá un incremento de la factura, sino una transferencia entre consumidores eléctricos a favor de aquellos que más consumen, especialmente las familias con hijos. Pero lo cierto, es que la medida beneficia especialmente también a los consumidores con mayor capacidad adquisitiva que no tiene por qué preocuparse del consumo (con hijos o sin ellos) en detrimento de los usuarios con más problemas para llegar a fin de mes como parados o jubilados, que intentan reducir al máximo su consumo para ahorrar.
En efecto, expertos y asociaciones de consumidores han alertado que la medida desincentiva el ahorro de energía y penaliza también a las primeras viviendas con una potencia contratada elevada, y que el verdadero objetivo que persigue el Gobierno es asegurar a las compañías eléctricas unos ingresos fijos elevados para compensar la caída del consumo por la crisis económica.
El Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, la antigua Tarifa de Último Recurso (TUR) que marca el precio de la luz al que pueden acogerse 16 millones de consumidores domésticos, consta de dos partes: los peajes de acceso –la parte regulada del recibo, que fija el Gobierno y que tiene con un peso en torno al 55% del total- y la parte liberalizada que se calcula por el coste de la energía.
Industria señala que en los últimos años, el recibo eléctrico ha experimentado una fuerte subida y “su impacto ha sido mucho mayor sobre los hogares que más consumo tienen”. En el periodo 2004-2011 la factura media para las familias con 2 hijos se ha incrementado un 67,2% (frente a un 62,3% de media para los consumidores domésticos en ese periodo). Para las segundas residencias y viviendas vacías, que tienen menos consumo de energía, la subida media en ese periodo ha sido de 53,3%, es decir 9 puntos menos que la media de los consumidores domésticos.
Según el Gobierno, estos cambios ya han comenzado a tener impacto en la factura de las familias. En 2013, año en el que la factura de un consumidor medio bajó un 0,9%, la factura eléctrica para las familias con dos hijos se redujo un 3,1% frente a la subida del 3,4% de la factura de la luz para las segundas residencias.
Los peajes de acceso que sirven para pagar todas las actividades que son necesarias para hacer llegar el suministro eléctrico hasta los hogares (transporte y distribución de electricidad, primas a las renovables, etcécera.), tienen a su vez dos partes: una fija que depende de la potencia contratada y una variable que depende del consumo eléctrico de cada consumidor.
El Ministerio de Industria indica que esta reponderación no supondrá un incremento de la factura, sino una transferencia entre consumidores eléctricos a favor de aquellos que más consumen, especialmente las familias con hijos. Pero lo cierto, es que la medida beneficia especialmente también a los consumidores con mayor capacidad adquisitiva que no tiene por qué preocuparse del consumo (con hijos o sin ellos) en detrimento de los usuarios con más problemas para llegar a fin de mes como parados o jubilados, que intentan reducir al máximo su consumo para ahorrar.
En efecto, expertos y asociaciones de consumidores han alertado que la medida desincentiva el ahorro de energía y penaliza también a las primeras viviendas con una potencia contratada elevada, y que el verdadero objetivo que persigue el Gobierno es asegurar a las compañías eléctricas unos ingresos fijos elevados para compensar la caída del consumo por la crisis económica.
El Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, la antigua Tarifa de Último Recurso (TUR) que marca el precio de la luz al que pueden acogerse 16 millones de consumidores domésticos, consta de dos partes: los peajes de acceso –la parte regulada del recibo, que fija el Gobierno y que tiene con un peso en torno al 55% del total- y la parte liberalizada que se calcula por el coste de la energía.
Industria señala que en los últimos años, el recibo eléctrico ha experimentado una fuerte subida y “su impacto ha sido mucho mayor sobre los hogares que más consumo tienen”. En el periodo 2004-2011 la factura media para las familias con 2 hijos se ha incrementado un 67,2% (frente a un 62,3% de media para los consumidores domésticos en ese periodo). Para las segundas residencias y viviendas vacías, que tienen menos consumo de energía, la subida media en ese periodo ha sido de 53,3%, es decir 9 puntos menos que la media de los consumidores domésticos.
Según el Gobierno, estos cambios ya han comenzado a tener impacto en la factura de las familias. En 2013, año en el que la factura de un consumidor medio bajó un 0,9%, la factura eléctrica para las familias con dos hijos se redujo un 3,1% frente a la subida del 3,4% de la factura de la luz para las segundas residencias.
Los peajes de acceso que sirven para pagar todas las actividades que son necesarias para hacer llegar el suministro eléctrico hasta los hogares (transporte y distribución de electricidad, primas a las renovables, etcécera.), tienen a su vez dos partes: una fija que depende de la potencia contratada y una variable que depende del consumo eléctrico de cada consumidor.
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