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Calentar una vivienda con electricidad, el doble de cara que con gas

Mucho se está hablando estos días de la electricidad y de sus precios. Por un lado, la nueva legislación sobre autoconsumo aprobada por el Gobierno y que no satisface a casi nadie. Por otro, el «informe Robinson», que subraya que España es el país de la UE donde más ha subido el precio de la luz durante la crisis (2008-2014).
Lo cierto es que los consumidores españoles soportamos unos precios de la electricidad que son de los más caros de la UE, bien la «tarifa oficial», bien en el mercado liberalizado. La Asociación de Consumidores de Electricidad (ACE) apunta que «somos el mercado más caro de Europa» y destaca que el precio mensual medio del mercado diario en nuestro país ha subido un 34% entre enero y agosto de este año respecto al mismo perido de 2014.
Por eso, ahora, con la llegada del frío, muchos consumidores tienen la duda de si es más barato calentar la casa con aparatos eléctricos o con el gas natural.
Existen varios factores a tener en cuenta a la hora de elegir la fuente de energía que calienta una vivienda como el precio, comodidad, seguridad, cuestiones ecológicas, etc... La electricidad y el gas natural son dos de las más utilizadas a pesar de sus diferencias.
Un estudio realizado por Selectra, empresa líder en asesoramiento energético doméstico, muestra que el gas natural es de media un 50% más barato que la electricidad para calentar una vivienda independientemente de número de habitantes o de la superficie de la misma. El estudio analiza el coste anual de la factura energética para diferentes perfiles de consumidores, así como el coste de inversión necesaria para la instalación de gas en una vivienda y el periodo en el que se amortiza según el tipo de usuario.
El bajo coste del gas natural así como su mayor eficiencia en sistemas de agua caliente y calefacción suponen un ahorro frente a los sistemas eléctricos. Cabe recordar en este punto que durante este año la tarifa regulada doméstica del gas natural ha bajado un 9,3%. Esta bajada es consecuencia de la disminución en un 25% del coste de la materia prima durante 2015.

Seguridad

El estudio de Selectra reconoce que aunque los sistemas de seguridad de las calderas de gas son muy avanzados, los sistemas eléctricos se imponen en este sentido con un riesgo casi nulo. Por otro lado, la instantaneidad del gas natural a la hora de calentar frente a termos y calefacciones eléctricas supone otro punto en favor del gas natural.
El ahorro que supone el uso de gas natural se ve a veces condicionado por el coste que conlleva su instalación. Para ayudar a los consumidores a tomar una decisión, Selectra ha calculado el tiempo de amortización de la misma para los distintos perfiles. La media es de unos cuatro años. El gráfico adjunto muestra que cuanto mayor es el tamaño de la vivienda antes se alcanzará la amortización de la instalación.
Además, estos tiempos de amortización pueden verse incrementados o disminuidos si se tienen en cuenta dos factores: la primera, que el consumidor tenga que abonar el canon IRC (instalación receptora común, es decir, la calefacción central) a la compañía distribuidora de gas, lo que supone un aumento en su factura de unos 72 euros anuales. La segunda, que el consumo de calefacción, cocina y agua caliente pasa a hacerse mediante gas natural por lo que se estima una bajada de la potencia eléctrica contratada de hasta 2,3kW. Con esta bajada de potencia se puede ahorrar unos 123 euros anuales aproximadamente.

En el estudio se contemplan estos dos escenarios como el mejor y peor posible además de la situación intermedia, a la hora de amortizar la instalación (ver gráfico).
A estos precios, habría que restarles los descuentos y subvenciones que a menudo ofrecen tanto las compañías distribuidoras como algunas empresas instaladoras cuando hacen varias instalaciones a la vez (como en comunidades de vecinos).
Selectra recomienda a los consumidores que se informen de si disponen de instalaciones de gas natural en sus edificios y de si tendrían que abonar el canon IRC y durante cuánto tiempo. El gas natural es, en la mayoría de los casos, la fuente energética más económica del mercado que, si bien requiere una importante inversión para su instalación, también cuenta con planes de financiación por parte de las compañías.
VIA@ABC

Bruselas pide a España que proteja al usuario de luz y gas más vulnerable

La Comisión Europea ha publicado recientemente un informe en el que insta a los Estados miembros a proteger a los usuarios más vulnerables de luz y gas y a regular la pobreza energética, es decir, aquellos usuarios que no pueden mantener su hogar por encima de los 18 grados centígrados en invierno o que destinan más de un 10% de su renta al gasto en energía, sin contar el transporte.

El documento, al que tuvo acceso elEconomista, analiza los diferentes mecanismos que utilizan los países de la Unión Europea, como la tarifa protegida de España (bono social), que está congelada desde 2009. No obstante, la Comisión considera necesario que los gobiernos se involucren en mayor medida, teniendo en cuenta que la pobreza energética ha crecido exponencialmente en los últimos años.

En este sentido, Bruselas aboga por que los países identifiquen y aborden los factores que contribuyen a la vulnerabilidad de los consumidores. "Es responsabilidad de los Estados miembros asegurar una adecuada combinación de políticas para proporcionar el mejor nivel de apoyo a los consumidores en situación de vulnerabilidad", añade.

En un momento donde España acaba de afrontar una reforma energética, la Comisión sugiere iniciativas como apoyar a los clientes con el pago de sus facturas o adoptar medidas para reducir el consumo y mejorar la eficiencia.
Pobreza energética

En el último lustro no han cesado de incrementarse los cortes de luz por impago, aunque de estos es muy difícil discernir cuántos se deben a la pobreza energética. Lo que sí ha transcendido en diferentes estudios es que unos 3,2 millones de clientes en España se encuentran en una situación vulnerable.

Según el informe Pobreza Energética, elaborado por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), en los últimos años el porcentaje de los ingresos que los hogares destinan a las facturas de energía se ha incrementado un 25 por ciento, especialmente en comunidades como Castilla-La Mancha, La Rioja, Castilla y León, Aragón y Extremadura, siendo la electricidad la principal responsable de este aumento.

Y es que el recibo de la luz es el gasto más importante en las facturas del hogar, por encima del gas, y se ha incrementado un 67% desde el principio de la crisis.

El documento de Bruselas destaca los esfuerzos de Reino Unido por regular la pobreza energética y proteger a los consumidores más vulnerables. Por su parte, el Gobierno español ultima el visto bueno de un Real Decreto de Suministro, que se anunció en el marco de la reforma energética, donde se incluyen los nuevos criterios para poder acceder a esta tarifa protegida, denominada bono social.

Llama la atención que este tema de primera necesidad se haya demorado un año desde que se aprobó la reforma. En concreto, los cambios aprobados por el Ministerio de Industria para atajar el déficit de tarifa se recogen en 9 reales decretos leyes y 14 reales decretos. De éstos, tan sólo faltan 4 reales decretos por ver la luz, entre ellos, el mencionado que regula el nuevo bono social.

El nuevo bono social será menos ventajoso que el actual, porque se fija un descuento tope del 25% sobre el precio del resto de las tarifas reguladas (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) y se encarece un 3,4% en línea con la subida del salario mínimo. Antes de la reforma y de los cambios en el recibo, el descuento superaba el 25% e iba en aumento en relación a las subidas del resto de las tarifas.

En la práctica, el borrador de la nueva norma contempla más trabas para el acceso a esta tarifa, porque se fijan topes de renta para tener derecho a este descuento sobre la tarifa convencional, aunque se cumpla con cualquiera de los requisitos que hasta ahora permitían su acceso. Así, el Ministerio de Industria establece en 10.841 euros al año la renta máxima del cabeza de familia para tener bono social.

Actualmente hay tres millones de consumidores con derecho al bono social. El Gobierno busca un uso más eficiente de esta tarifa, que actualmente se sufraga mediante el recibo del resto de consumidores eléctricos. El Ministerio insiste en que sean las eléctricas quienes soporten este coste, a pesar de que el Tribunal Supremo ya ha tumbado el recargo a las empresas de la actual tarifa protegida.

VIA@eleconomista