Colau convocó esta tarde en el Consistorio a la Comisión de Prevención de Desahucios que reunió hasta 70 personas en el Ayuntamiento para buscar soluciones a la problemática de los desahucios en Barcelona. El cónclave congregó al Gobierno, oposición y colectivos sociales— entre las que figuran la PAH, Asociación 500x20 o la Agencia de Vivienda de Catalunya— y entidades bancarias como Banco Sabadell, Bankia, Banco Santander o BBVA. La comisión, que se creó en 2011 y no se reunía desde febrero de 2014, aprobó la creación de tres grupos de trabajo que se centren en modificar el reglamento de emergencia social, en la revisión de los protocolos de desalojo y en la ampliación de viviendas de alquiler social.
Colau calificó la reunión de "una primera toma de contacto" pero anunció medidas contundentes: la imposición de sanciones a los dueños de pisos que lleven más de dos años vacíos y su intención de declarar toda la ciudad zona en situación de emergencia para que en cualquier operación de compraventa de pisos que lleven más de dos años sin ocupar, el Ayuntamiento tenga prioridad para optar al derecho de tanteo y retracto, adelantándose en la compra de " fondos buitres".
La alcaldesa confirmó la voluntad las partes de ponerse a trabajar y recalcó que nadie, incluidas las entidades financieras, rechazaron las propuestas. Aun así, Colau aseguró que los bancos no se pronunciaron sobre las sanciones en caso de que no colaboren con el Ayuntamiento. Esta semana, Colau se reune con BBVA y Blackstone.
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