Es decir, desde la compra del suelo, pasando por la construcción de la vivienda hasta la venta de la misma, entran en juego una serie de impuestos que provocan ese espectacular encarecimiento de la vivienda. Impuestos que por un lado paga el promotor y constructor –los asociados a la compra de los terrenos y a la construcción de las viviendas–, y por otro, el comprador cuando adquiere la vivienda.
Son los cálculos de la Asociación de Promotores de Madrid (Asprima), que lleva años reclamando a nivel estatal, autonómico y municipal una bajada de impuestos que permita aliviar la presión fiscal que tienen que soportar los promotores y constructores a la hora de levantar viviendas en un entorno de crisis como el que comenzamos a dejar atrás, y que al mismo tiempo permita a los ciudadanos acceder a viviendas más baratas.
Para que nos hagamos una idea, para una vivienda cuyo coste final sería de 140.000 euros, un promotor paga casi 22.000 euros en impuestos. Recordemos también que el margen de beneficio para un promotor se sitúa hoy en día en torno al 20% sobre el precio final de venta –en este caso serían 28.000 euros–, aunque el pleno boom se llegó a alcanzar el 30%, mientras que, en el caso de una gestora de cooperativas, el margen se reduce significativamente hasta el 8% aproximadamente, es decir, hasta 11.200 euros.
Por su parte, el ciudadano de a pie tiene que pagar 17.500 euros en concepto de IVA, el impuesto autonómico de Actos Jurídicos Documentados o AJD, además de los gastos de notaría y registro.
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