'LaVida Hotel' abre sus puertas dentro del complejo PGA Catalunya Resort

, el complejo de golf PGA Catalunya Resort, de Caldes de Malavella (Girona), ha inaugurado su segundo establecimiento hotelero. Se trata de 'LaVida Hotel', que , un hotel-boutique con categoría de 3E y una oferta alojativa de 50 habitaciones. Sus servicios se dirigen tanto a los clientes de sus instalaciones de golf como, en general, al "público entusiasta del deporte, que busca descubrir el entorno natural con una dinámica oferta de ocio que incluye actividades como golf, ciclismo, senderismo, trekking, rutas a caballo, excursiones en barco, gastronomía local o visitas culturales", según se explica desde la compañía. Tanto este nuevo hotel como el ya operativo 'Camiral' (5E-145), ambos dentro del complejo PGA Catalunya Resort, son explotados en propiedad a través de la sociedad Golf Hotel Malavella, presidida por Emmet Eugene O'Neill y propiedad del empresario irlandés Denis O'Brien. En su último ejercicio conocido de 2016, Golf Hotel Malavella obtuvo unas ventas de 4,51 M€, un 8,6% por encima del dato previo.

El estudio de Bryan O’Sullivan ha sido el responsable del interiorismo, que ha optado por un estilo de "diseño vanguardista y funcional". Las estancias están equipadas con dispositivos de vídeo y audio, wifi de alta velocidad y una zona pensada especialmente para guardar el equipo de golf u otro tipo de equipaje. Por su parte, la propuesta gastronómica corre a cargo del restaurante 'Bella’s', que ofrece a sus comensales un menú de inspiración mediterránea y tiene acceso directo a las piscina, así como una zona de bar. Además, funcionan una tienda de productos gourmet 'Pure Food Market' y los espacios gastronómicos del hotel 'Camiral', tanto'Restaurante 1477' como 'The Club Café'.

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COLAU SUSPENDERÁ LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN DE PISOS

El gobierno de la alcaldesa Ada Colau decretará la semana que viene una suspensión de licencias para la construcción de pisos nuevos y grandes rehabilitaciones superiores a los 600 metros cuadrados en Barcelona. El punto de partida para aplicar una moratoria de un año, que podría prolongarse durante dos, es la comisión de Urbanismo que se celebrará el próximo lunes. Será allí cuando el ejecutivo local presente la propuesta que obliga a los promotores de vivienda a destinar el 30% del inmueble que edifiquen o reformen a vivienda social.

La iniciativa está planteada a través de dos modificaciones del Plan General Metropolitano. Una de ellas exigirá a los promotores que contribuyan a la ampliación del parque público de vivienda de la ciudad y la otra convertirá todo el término municipal de Barcelona en un área de derecho de tanteo y retracto: el Ayuntamiento tendrá prioridad en la compra de solares, fincas o pisos. Ambas propuestas, que se han redactado a través de un grupo de trabajo en el que han intervenido técnicos municipales, Barcelona Regional (BR) y colaborado entidades como la PAH, el Sindicat de Llogueters, la FAVB, Observatori Desc y la Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible, ha causado malestar en la patronal de los promotores y agentes del sector inmobiliario, a quienes se ha mantenido al margen. La Associació de Promotors i Constructors de Catalunya (APCE) advirtió de los efectos negativos que podría provocar en la economía de la ciudad la más suspensión de licencias. Los promotores alertaron de que el Ayuntamiento puede conseguir el efecto contrario al deseado frenando la actividad, ya que se añadiría más presión sobre los precios por el “desequilibrio que podría provocar entre la oferta y la demanda”.

Por otro lado, el Govern, a través del Institut Català de Finances, anunció ayer que ha abierto dos líneas de crédito que suman 250 millones de euros con el que financiar la construcción o la compra de 2.800 viviendas de alquiler social. La inversión servirá, dijo del conseller de Territori, Damià Calvet, para ampliar sustancialmente el parque público de la Generalitat, formado actualmente por 17.000 pisos. El vicepresidente del Govern, Pere Aragonés, explicó que la primera línea de préstamos está dotada con 110 millones y busca facilitar que ayuntamientos, entidades sin ánimo de lucro, del tercer sector y promotores sociales adquieran 1.800 viviendas procedentes de ejecuciones hipotecarias que están en manos de la banca. La otra de las líneas de crédito, dotada con 140 millones, se utilizará para la construcción de 1.000 viviendas de alquiler social por parte de promotores privados y públicos.

via @La Vanguardia

El 30% dels pisos de segona mà a Girona, a mans d'inversors que els volen posar a lloguer

El preu de l'obra nova creix fins a un 25% a la ciutat de Girona durant el darrer any i el dels lloguers ja se situa a nivell del 2007. Hi ha poblacions que arrosseguen efectes de la crisi i en comparació amb el 2017, els preus de l'obra nova han baixat.

El 30% dels pisos de segona mà que es venen a les comarques gironines van a parar a mans de petits inversors que els volen destinar a lloguer. La majoria són famílies o particulars que, d'aquesta manera, volen donar sortida als estalvis que tenen al banc. Opten per comprar aquests habitatges perquè, a diferència de l'obra nova, el seu preu no ha pujat tant durant el darrer any.

Mentre que, de mitjana, arreu de la demarcació la segona mà s'ha encarit entre un 4 i un 5%, l'obra nova ha arribat a enfilar-se fins a un 25% (com és el cas de Girona ciutat). En paral·lel, com que no hi ha pisos de lloguer –però sí demanda- aquí els preus ja se situen a nivells dels anys 2006 i 2007 (és a dir, just abans de l'entrada de la crisi). El Gremi de Promotors i els agents de la propietat immobiliària (API) expliquen que el mercat avança «cap a una certa estabilitat», però també alerten que a les classes mitjanes cada cop els costa més accedir a un habitatge.

Via@Diari de Girona