La Generalitat cuenta con 14.000 viviendas públicas de los que 1.230 están vacíos y cerca de 500 no se llenarán “nunca”. Esta es la previsión que ha hecho para LaVanguardia.com el secretario d’Habitatge (Departament de Territori i Sostenibilitat), Carles Sala, que justifica la dificultad de ocupar estos pisos que se encuentran ubicados en zonas en las que no hay demanda, como las Terres de l’Ebre o la provincia de Lleida. No obstante asegura que el parque público se encuentra en una desocupación del 9% y que llegar al 5% (750 pisos desocupados) se considera plena ocupación. Pese a estos datos, algunas entidades que trabajan sobre el territorio denuncian que faltan pisos sociales en ciertas zonas. “En Tortosa hay gente durmiendo en coches porque no se les puede dar pisos para que puedan vivir” asegura Txell Teruel, una de las portavoces de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Terres de l’Ebre, que actualmente atiende 50 casos en procesos de ejecución hipotecaria. Teruel lamenta que “cuando es una emergencia social derivada de un desalojo no hay pisos, por otras problemáticas, como por ejemplo, la violencia de género, sí” y asegura que “hay muchos pisos vacíos en el Baix Ebre y El Montsià, donde hubo más especulación inmobiliaria”. También apunta que “solo en Amposta hay un total 443 pisos vacíos en una ciudad de unos 20.000 habitantes”.
Mala planificación
La portavoz de la PAH lamenta que “no se ha planificado bien el parque social y sería absurdo que construir pisos en la Terra Alta, una comarca rural, cuando se necesitan aquí abajo”. Desde la secretaria d’Habitatge reconocen que hay viviendas que llevan ocho años vacías, puntualizan que la mayoría se empezaron a construir en la primera parte de la década del 2000, que el gobierno que programó pisos en algunos lugares “se dejó llevar por la ola de construir” y que se ha demostrado que estas viviendas “no hacían falta”, sentencia Sala.
Pisos de emergencia social
En este contexto, el clamo ciudadano es que existan casas desocupadas mientras aumentan los desahucios; una paradoja que intentan justificar desde la secretaria de Habitatge. “Hay municipios a los que nadie quiere ir porque no tienen familia ni oportunidades laborales”, justifica Carles Sala ante la posibilidad de que algunos pisos vacíos pudieran servir para familias en riesgo de exclusión social o con dificultades económicas. Así, según detalla el departamento, todas las viviendas vacías que actualmente posee la Generalitat se encuentran en régimen de alquiler o alquiler con opción a compra, aunque aseguran que lograr que tengan ocupantes ya no es solo cuestión de que se ofrezcan a un precio asequible, especialmente en familias que entran en la llamada la mesa de emergencia: que han sufrido un desahucio o tienen una situación de ingresos muy baja.
En estos casos extremos, explican, se están concediendo alquileres de entre 50 a 80 euros, cuando los precios rondan entre los 100 a los 500 euros en el tramo medio de la tabla y de las 14.000 viviendas del parque público catalán más de 7.000 tienen actualmente un alquiler de entre 150 y 300. Para Sala este precio tan asequible (menos de 100 euros) no es suficiente solución para familias que, por ejemplo, han sufrido un desahucio porque en muchos casos el pago de los suministros añadidos, como la luz o el agua, es lo que imposibilita poder hacer frente al alquiler de la vivienda. Además, prosigue Sala, estas familias “tienen otros problemas que requieren una atención más integral” y considera que si van a un municipio pequeño acaban “colapsando” los servicios sociales que, normalmente, no tienen capacidad de respuesta.
Necesidad de un pacto global
A pesar de los inconvenientes, las entidades sociales aseguran que estamos ante una “oportunidad histórica” para incrementar el parque social de viviendas. “Es una responsabilidad colectiva y hace falta un acuerdo global entre el sector público, las entidades sociales y el sistema financiero para crear ese parque necesario”, comenta Carme Trilla, responsable de Acción Social de Càritas Diocesana de Barcelona, que cuenta actualmente con 360 viviendas de alquiler social a través del Servicio de Mediación en Vivienda. En sus dos años de vida ya han atendido a 1.800 familias, aunque Trilla reconoce que hay un plan estratégico para llegar a las 500 viviendas de alquiler social para el 2015 ante la demanda creciente.
La responsable de Càritas apunta que para atender a la población que no puede pagar su vivienda o vive en condiciones infravivienda se necesitarían “más de 100.000 pisos y no bajarían de los 200.000”, especialmente en “toda la región metropolitana de Barcelona y en el ámbito de Lleida, Girona y Tarragona”. Una cifra que comparte Ada Colau, la cabeza visible de la PAH, que recuerda que desde el inicio de la crisis “se han producido casi 100.000 ejecuciones hipotecarias” y que el contexto actual de “emergencia social” en que a muchos ciudadanos en paro se les acaban las prestaciones no hace más que agravar la situación.
El Dossier del Tercer Sector ‘Un parque de viviendas de alquiler social. Una asignatura pendiente en Catalunya’, de la que una de las autoras es Trilla, señala que Catalunya cuenta con unas “60.000 viviendas de alquiler asequible, propiciadas de una manera u otra por las administraciones públicas, es decir, un 2% del parque total”, una cifra “insuficiente” ante “una falta muy importante de vivienda social en Catalunya para atender todas las realidades”, tal como apunta la responsable de Acción Social de Càritas.
Las zonas de más ocupación
Igual que apunta el informe, también la secretaria d’Habitatge sitúa la demanda de vivienda en las cuatro capitales de provincia y, especialmente, en el área metropolitana de Barcelona, donde sitúan la ocupación de pisos sociales en más del 90% mientras que en las Terres de l’Ebre no llega al 50%. La administración cree que en Catalunya existen 40.000 viviendas vacías en manos de entidades financieras y calcula que casi la mitad, 15.000, se encuentran en los 70 municipios en los que ha acreditado que hay mayor demanda social. Para intentar desbloquear esta situación y en paralelo a los más de 80 municipios que han decidido sancionar a las entidades bancarias que cuenten con viviendas desocupadas, esta semana la Generalitat ha aprobado un impuesto para los pisos vacíos en manos de entidades financieras de entre 850 y 1.650 euros por vivienda y año, un tributo que podría empezar a aplicarse en 2015. Este impuesto se centraría en estas 15.000 viviendas situadas básicamente en el área metropolitana de Barcelona, el Camp de Tarragona y Girona y Lleida que lleven más de dos años desocupadas sin motivos justificados.
Acuerdos con bancos rescatados y multas
Simultáneamente a estas medidas, desde hace un tiempo la administración catalana intenta llegar a acuerdos puntuales con algunas entidades bancarias como Catalunya Caixa o Bankia para la cesión de viviendas a las que la Generalitat aplicará las “ayudas implícitas” para hacerlas más asequibles. Desde Habitatge explican que han negociado la cesión de pisos con todas las entidades financieras pero que han puesto el “acento” en aquellas que han recibido fondos públicos, algo que Ada Colau define como “lo mínimo que deben hacer después de haber sido rescatados". También lo intentan con la Sareb, aunque Sala reconoce que con este organismo “no es tan optimista”. Con estos acuerdos la Generalitat prevé recibir unos 1.000 pisos en 70 municipios.
Fuentes de la Asociación Española de la Banca (AEB) señalan que, “además de su participación en el Fondo Social de la Vivienda”, algunos bancos están desarrollando “iniciativas propias, muchas veces en colaboración con Ayuntamientos o con organizaciones del tercer sector” para atender “la demanda de alquileres sociales”. Por ejemplo, el Grupo Banco Sabadell ha cedido tres viviendas a Càritas para acoger familias en riesgo de exclusión y tiene 3.399 viviendas en alquiler social. En este sentido, Robert Tornabell, catedrático de Banca y Finanzas Internacionales de la Universidad Ramon Llull y exdecano de ESADE Business School, aboga más que por la "vía de la sanción" establecer "convenios y negociar” con las entidades financieras a través "de la obra social”.
Absorción paulatina del stock
El stock acumulado sin vender en Catalunya ascendía a 81.225 pisos nuevos en el tercer trimestre de 2013, 1.543 viviendas menos en comparación con el mismo periodo de tiempo el año anterior, según datos de la Associació de Promotors de Barcelona. Por zonas, la provincia de Barcelona concentra el 53% del total del stock. Y a pesar de la percepción general, expertos financieros aseguran que las viviendas vacías sin vender en Catalunya ya se están reduciendo progresivamente. “Los bancos están muy en contacto con los inversores extranjeros y se están vendiendo bloques de pisos y en unos meses se rebajará mucho este stock”, asegura Robert Tornabell, catedrático de Banca y Finanzas Internacionales de la Universidad Ramon Llull y exdecano de ESADE Business School. Este tipo de inversores, según Tornabell, proceden de Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania y se interesan “por las primeras residencias en ciudades del Vallès Occidental, Oriental y Baix Llobregat”.
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