Las últimas estadísticas sobre desahucios han reabierto el debate acerca de la eficacia de las medidas del gobierno para ayudar a los deudores hipotecarios y animan a los expertos a dar un toque de atención al Ejecutivo para que emprenda más medidas encaminadas a mitigar el impacto de la crisis de vivienda. ¿Qué más se puede hacer?
En su último informe, que se ha difundido este miércoles, la organización internacional Human Rights Watch ha advertido a España sobre la falta de medidas para frenar el impacto de la crisis de la vivienda en el país y la deuda en los sectores más desfavorecidos de la sociedad.
"El Gobierno español no ha tomado medidas suficientes", señala el informe de la organización, que concluye que la crisis del ladrillo pone en riesgo los derechos humanos.
"Decenas de miles de familias se han enfrentado, o se enfrentan actualmente, a una ejecución hipotecaria de viviendas que compraron en el momento álgido del boom económico de España, cuando las prácticas de préstamo irresponsable hicieron que las hipotecas fueran fáciles de conseguir", señala la organización.
En su opinión, "el Gobierno debe actuar con rapidez para reformar la ley de insolvencia en España para proporcionar una vía de acceso equitativo a la liberación de la deuda. La Comisión Europea debería supervisar que España haga efectiva una reciente directiva de la UE sobre las hipotecas", apunta. En su opinión, las autoridades deberían garantizar el acceso a la reestructuración equitativa de la deuda.
¿Y la moratoria de desahucios?
Aunque el Gobierno español aprobó una moratoria de dos años para los desahucios a ciertas familias, los expertos de la organización explican que los criterios para poder beneficiarse de la moratoria "son demasiado limitados y en algunos casos entran en conflicto con el derecho internacional".
Además de paralizar los desahucios durante dos años para los colectivos especialmente vulnerables, el Gobierno creó un fondo social de viviendas. Pero esas políticas "han sido insuficientes ante la dimensión del problema", apunta Irene Montero, de la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH), en declaraciones que recoge The Wall Street Journal.
Se paralizarán los desahucios durante dos años para los colectivos especialmente vulnerables y se creará un fondo social de viviendas. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto-Ley que incluye las medidas más urgentes para "proteger a los deudores hipotecarios".
Hoy mismo, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha señalado en el Congreso que más de 15.000 familias se han beneficiado de las medidas puestas en marcha para evitar la pérdida de la vivienda y ha añadido que la principal labor del Gobierno para evitar los desahucios es "salir de la crisis".
Los desahucios y los problemas económicos derivados del estallido de la burbuja han estado en la base de gran parte de los movimientos de protesta en España, con una elevada sensibilidad social. Según datos publicados la semana pasada por el Banco de España, la banca española se quedó en 2013 con 50.000 viviendas por falta de pago, un 11% más que en 2012.
El sector bancario se defiende y asegura haber hecho lo posible para aliviar la presión sobre los deudores. Explican que una gran cantidad de viviendas con las que se quedó la banca en 2013 fueron entregas voluntarias tras llegar a un acuerdo.
"De alguna manera, el gobierno está pisando una línea muy fina entre tratar de echar una mano a los titulares de hipotecas y tratar se sanear su sistema bancario ", explica Robert Tornabell, economista de Esade Business School de Barcelona, en declaraciones en el WSJ. " La mejor solución a corto plazo es más vivienda más social", piensa este experto.
Sin embargo, el programa del gobierno para hacer 6.000 viviendas de alquiler de bajo coste no ha funcionado bien, según Tornabell y otros analistas. Apenas 750 han sido ocupados, y las plataformas hipotecarias dicen que los estándares de elegibilidad aplicados por los bancos, que están administrando el programa, son incorrectos. Desde la banca apuntan por su parte que los criterios han cambiado recientemente y esperan que más gente haga uso del programa, según informa el Wall Street Journal.
Aunque el Gobierno español aprobó una moratoria de dos años para los desahucios a ciertas familias, los expertos de la organización explican que los criterios para poder beneficiarse de la moratoria "son demasiado limitados y en algunos casos entran en conflicto con el derecho internacional".
Además de paralizar los desahucios durante dos años para los colectivos especialmente vulnerables, el Gobierno creó un fondo social de viviendas. Pero esas políticas "han sido insuficientes ante la dimensión del problema", apunta Irene Montero, de la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH), en declaraciones que recoge The Wall Street Journal.
Se paralizarán los desahucios durante dos años para los colectivos especialmente vulnerables y se creará un fondo social de viviendas. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto-Ley que incluye las medidas más urgentes para "proteger a los deudores hipotecarios".
Hoy mismo, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha señalado en el Congreso que más de 15.000 familias se han beneficiado de las medidas puestas en marcha para evitar la pérdida de la vivienda y ha añadido que la principal labor del Gobierno para evitar los desahucios es "salir de la crisis".
Los desahucios y los problemas económicos derivados del estallido de la burbuja han estado en la base de gran parte de los movimientos de protesta en España, con una elevada sensibilidad social. Según datos publicados la semana pasada por el Banco de España, la banca española se quedó en 2013 con 50.000 viviendas por falta de pago, un 11% más que en 2012.
El sector bancario se defiende y asegura haber hecho lo posible para aliviar la presión sobre los deudores. Explican que una gran cantidad de viviendas con las que se quedó la banca en 2013 fueron entregas voluntarias tras llegar a un acuerdo.
"De alguna manera, el gobierno está pisando una línea muy fina entre tratar de echar una mano a los titulares de hipotecas y tratar se sanear su sistema bancario ", explica Robert Tornabell, economista de Esade Business School de Barcelona, en declaraciones en el WSJ. " La mejor solución a corto plazo es más vivienda más social", piensa este experto.
Sin embargo, el programa del gobierno para hacer 6.000 viviendas de alquiler de bajo coste no ha funcionado bien, según Tornabell y otros analistas. Apenas 750 han sido ocupados, y las plataformas hipotecarias dicen que los estándares de elegibilidad aplicados por los bancos, que están administrando el programa, son incorrectos. Desde la banca apuntan por su parte que los criterios han cambiado recientemente y esperan que más gente haga uso del programa, según informa el Wall Street Journal.
Los orígenes del problema
El informe de Human Rights explica que la crisis social en torno a los desahucios y las deudas hipotecarias ha llegado tras décadas de políticas gubernamentales que promovieron "enérgicamente" la propiedad de vivienda y la firma de préstamos en lugar de asegurar "una oferta apropiada y asequible de vivienda de alquiler y suficiente inversión en vivienda social".
"Las prácticas de préstamo irresponsables, las cláusulas injustas de los contratos hipotecarios (como tasas de interés de demora exorbitantes, el comportamiento sin escrúpulos por parte de los intermediarios), así como la falta de supervisión durante los años del auge económico, crearon una tormenta tóxica perfecta cuyas repercusiones podrían sentirse durante años".
La organización recalca que la crisis económica española, donde hay más de cinco millones de desempleados, ha golpeado "especialmente duro" a los propietarios de un hogar, cuando España tiene unos niveles de propiedad de vivienda más altos de la UE (el 85%) y apenas un 2% de la oferta está reservada para vivienda pública o de alquiler subsidiado.
Subraya que la crisis hipotecaria en España ha empujado a muchas personas y familias al sobreendeudamiento debido a que, en la gran mayoría de los casos, la toma de posesión del hogar por parte del banco elimina sólo una parte de la deuda, lo que, combinado con la falta de un procedimiento de insolvencia personal accesible en España, deja a muchos con una carga significativa de deuda que no tienen perspectivas razonables de poder pagar o liberar.
"De sueño a pesadilla"
"El sueño de tener casa propia se ha convertido en una pesadilla de ejecuciones hipotecarias, desahucios y sobreendeudamiento", piensa Judith Sunderland, investigadora para Europa Occidental de la organización y autora del informe.
"Pero no se trata simplemente de una cuestión de aspiraciones aplastadas. Esto es una cuestión de responsabilidades del gobierno de garantizar derechos humanos básicos, incluido el derecho a una vivienda adecuada", concluye.
VIA@eleconomista
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