La mala gestión ha llevado a Jerez a ser el municipio de España que más aumentó la deuda durante la crisis, entre 2008 y 2013, según datos del Ministerio de Hacienda recopilados por este periódico. También ocupa la tercera posición entre los grandes Consistorios —de más de 100.000 habitantes—, que más han incrementado la deuda per cápita durante la crisis, solo por detrás de Jaén y Parla. Desde entonces, las cosas han mejorado algo en la localidad gaditana que estuvo a punto de entrar en bancarrota si no hubiera sido rescatada por el Estado.
El de Jerez no es un caso único. Desde el comienzo de la crisis cuatro de cada diez Ayuntamientos de España aumentaron su deuda pública. De los 8.117 municipios, 3.306 elevaron sus obligaciones de pago en 11.334 millones entre 2008 y 2013. A pesar de todo, el pasivo municipal —incluidas las diputaciones y entidades locales menores— representa un 4,1% del producto interior bruto (PIB). Una migaja comparado con el nivel total de deuda pública de España que se ha duplicado durante estos años hasta el 96,5% del PIB.
La mayoría de Ayuntamientos gestionaron mejor la abundancia y sortean la escasez mejor que Jerez o que Parla y Jaén, otros dos ejemplos de desfase. Un total de 2.374 municipios lograron reducir la deuda en 1.213 millones. Otras 2.437 localidades no deben nada, según la información remitida por la central de información de riesgos del Banco de España (CIRBE), utilizada por Hacienda, que recoge las obligaciones financieras.
Los que habían planificado bien han podido salir adelante. La mayor parte de los ingresos de los ayuntamientos proceden del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), un tributo que está ajeno al ciclo económico. Tras el pinchazo del ladrillo, muchos consistorios han subido este impuesto para compensar la caída de la recaudación de los tributos vinculados al ladrillo. Los ingresos por el IBI han crecido un 40% desde 2008, hasta unos 11.500 millones.Durante unos años el boominmobiliario lo salpicó todo. La venta de suelo y las promociones inmobiliarias eran máquinas de fabricar billetes que atraía a los más voraces. Muchos alcaldes multiplicaron los ingresos de sus municipios gracias a las licencias urbanísticas, recalificaciones y ventas de parcelas municipales. Crearon estructuras de gastos sobredimensionadas. Ofrecieron servicios públicos que en condiciones normales no podían costear. Y en 2008, cuando el catacrak financiero pinchó la burbuja inmobiliaria, cientos de municipios se quedaron con las cajas vacías y una abultada factura.
“En términos agregados la deuda municipal no se ha comportado mal. Es muy baja. No se puede decir que hayan gastado mucho en términos agregados. El equilibrio es la norma de las entidades locales. Está en su ADN”, explica Roberto Fernández Llera, experto en Hacienda Pública y doctor por la
Desde 2003, las coaliciones que tuvieron que hacer con Pacheco para conseguir la alcaldía provocaron que se crearan dos administraciones paralelas, la del partido en el Gobierno y la que lideraba el político andalucista. Los costes de personal y de asesores se dispararon. Cuando estalló la crisis y la mayoría de las administraciones locales empezaban a sufrir los efectos de la recesión, el consistorio jerezano ya acumulaba una deuda millonaria inasumible. La ciudad tuvo que pedir unos 400 millones del plan de proveedores estatal para pagar sus facturas, algunas llevaban años en los cajones.
Los duros ajustes acometidos por los Ayuntamientos para sanear sus finanzas han supuesto que registraran un superávit del 0,4% del PIB en 2013, lo que ha servido para que España se aproximara al objetivo impuesto por Bruselas. De hecho, durante la crisis los municipios han reducido su plantilla en más de 61.000 empleados públicos, según cifras de Hacienda. Solo durante los dos últimos años han aprobado recortes por cerca de 8.000 millones, según datos oficiales. Pero a pesar de ello, algunos aún siguen colapsados por su deuda.
El alcalde jiennense, José Enrique Fernández de Moya (PP), reconoce la situación de “quiebra técnica y de ruina” en la que se encuentra el ayuntamiento. Pero culpa de este colapso a los anteriores gobernantes del PSOE e IU. Estos, sin embargo, alegan que la deuda no ha dejado de crecer durante la gestión popular. De hecho, Jaén tuvo que reclamar casi 300 millones al plan de pago a proveedores en 2012.El Ayuntamiento de Jaén (gobernado por el PP) es uno de los que soporta una losa más pesadas. Es el municipio de España, de más de 100.000 habitantes, que más aumentó la deuda por vecino durante la crisis. En términos absolutos, Jaén (116.000 habitantes) es, con 413 millones, la quinta ciudad que más subió su endeudamiento desde 2008, solo superado por Cádiz, Madrid, Barcelona y Parla.
Las causas que explican la crítica situación financiera tienen que ver con una plantilla sobredimensionada y un complejo entramado de empresas públicas. En el anterior mandato, ya con una situación económica delicada, la ciudad jiennense se transformó urbanísticamente por la construcción de un moderno tranvía, que atraviesa la ciudad. Tres años después de terminarse la obra, y tras ser inaugurada, las vías están huérfanas. El tranvía no ha vuelto a circular. La obra costó 120 millones a la Junta de Andalucía, pero el Consistorio tiene que pagar el mantenimiento y los vagones —que acumulan polvo en las cocheras—, pero no lo puede afrontar.
Parla (125.000 habitantes) es una ciudad al sur de la Comunidad de Madrid. De origen humilde, representa como pocos el auge y caída de tantos municipios españoles que crecieron y reventaron al mismo tiempo que lo hacía la burbuja inmobiliaria. Los 700 millones que el ayuntamiento (PSOE) tenía previsto ingresar de la construcción de un nuevo desarrollo urbanístico con decenas de miles de viviendas —no pasó de los planos— resumen una gestión cinco estrellas basada en espejismos con forma de ladrillo. La deuda, que desde el inicio de la crisis se ha multiplicado por 10 —de 36 a 369 millones—, asfixia una ciudad que se dejó llevar en su esplendor por gastos inverosímiles: palmeras importadas de Egipto, que tras secarse fueron sustituidas por variantes de Elche; una piscina de agua salada con una fina arena de playa; la creación de una brigada de policía montada local, con seis caballos que terminaron vendidos a la Guardia Civil… Es la segunda localidad de España que más aumentó la de deuda per cápita en la crisis: de 335 a 2.941 euros. Durante los años de bonanza, se sumó a la fiebre urbanística con la construcción de un nuevo barrio en el norte de la ciudad. Para conectarlo con el centro ideó un tranvía que se ha convertido en símbolo de una gestión cuestionable. El Tribunal de Cuentas investiga, entre otros gastos, el desfase entre el coste inicial previsto del tranvía (103,4 millones) y el real (142,5).
La mayor parte de su agujero financiero corresponde a sus empresas municipales. Bajo el paraguas de un gran holding llamado Innova, Reus llegó a acumular casi una veintena de sociedades que se encargaban de la gestión del agua, centros sanitarios o aparcamientos. Algunas de estas empresas tenían participaciones privadas. En los últimos meses, el ayuntamiento, gobernado por CiU y PP, ha adelgazado el holding y agrupado empresas de mercado. “Una parte de la deuda se paga con los tributos de los contribuyentes mientras que las empresas de mercado lo hacen con los propios beneficios que generan”, explica el concejal de Hacienda, Joaquim Enrech (CiU).Los excesos de los años anteriroes a la crisis fomentaron la despreocupación por las cuentas públicas y dio lugar a actuaciones irregulares. Reus (Tarragona) es la cuarta ciudad, de más de 100.000 habitantes, de España que más elevó la deuda per cápita desde 2008 y está entre las 10 que más subieron la deuda total.
En especial, dos operaciones contribuyeron a engordar la deuda: una fue la construcción de la Fira, por la que el Ayuntamiento firmó un crédito de 37,6 millones. El anterior gobierno local, formado por un tripartito entre PSC, ERC e ICV, planeó pagar la construcción con los ingresos de un centro comercial. Sin embargo, las obras de este complejo comercial estuvieron paradas hasta hace poco. El segundo proyecto polémico es la construcción del Hospital Sant Joan. Diversas facturas municipales están siendo investigadas por la justicia dentro delcaso Innova, un macroproceso judicial con más de 40 imputados, entre ellos 14 ediles del tripartito. Una auditoría reveló contrataciones a dedo, pago de sueldos e incentivos a altos cargos de manera injustificada, concesiones de avales dudosos y facturaciones irregulares entre 2009 y 2011. “En época de vacas gordas todo coló”, resumió el actual alcalde, Carles Pellicer (CiU) hace un par de años.
Otro municipio madrileño figura en la lista de las ciudades que más inflaron su deuda desde 2008. Torrejón de Ardoz tenía un pasivo de solo 28 millones en 2007. La localidad, famosa por su base aérea, era reconocida por tener unas cuentas bastantes saneadas. Pero a partir de ese año cuando entró a gobernar Pedro Rollán (PP) las obligaciones se han multiplicado por cuatro. Y con monumentos al derroche como el Parque Europa. Inaugurado en septiembre de 2010 y un coste valorado por encima de los 20 millones, en sus 23 hectáreas se esparcen 16 reproducciones en miniaturas de monumentos europeos como la Puerta del Sol o la Puerta de Brandeburgo… o un lienzo original del muro de Berlín.
En el extremo contrario de estos Consistorios está Badajoz. Es el Ayuntamiento de España que más redujo la deuda durante la crisis y el segundo que más la rebajó por habitante desde 2008. Esta cálida ciudad de 150.000 vecinos ha sido un ejemplo de prudencia financiera. Durante los años de la juerga inmobiliaria destinó los ingresos extraordinarios procedentes de esta actividad a ahorro en vez de aumentar el gasto estructural, como dictan los manuales de economía. Y con ese ahorro pudieron invertir sin recurrir a nuevos créditos. “La clave está en presupuestar con mucha prudencia y ajustar los gastos”, explica el alcalde Francisco Javier Fragoso (PP). “Estamos acostumbrados a trabajar sin apenas recursos, casi en economía de guerra”, añade el regidor pacense.
Aunque no son tantos los municipios que están en la UVI, el Gobierno lanzó el año pasado un salvavidas para rescatar a 300 entidades locales. La dura lección por los excesos y la Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada en 2012, han servido para controlar las finanzas locales. Aunque aún hay casos con respiración asistida, la mayoría tiene sus cuentas saneadas.
VIA@elpais
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